Todos estamos de acuerdo que el ERTE como herramienta de choque para una situación tan anormal como la que vivimos ha sido una decisión acertada. Podemos discrepar sobre si se ha ejecutado de forma correcta, si los recursos destinados a su gestión han sido los necesarios, o si las sucesivas prórrogas – ahora hasta el 31 de mayo – han dado el oxígeno necesario a empresas y trabajadores para capear la crisis. No parece que la situación de la pandemia vaya a mejorar drásticamente hasta entonces por lo que, si es verdad que es la última, aparecen nubarrones sobre lo que pasará el 1 de junio. Igual que existen muchas dudas sobre la interpretación de algunos aspectos del decreto, en particular sobre un par de ellos:
- Por un lado la imposibilidad de usar causa COVID para despidos, ERE’s, etc. Es obvio que muchas empresas se encuentran en una situación muy delicada, en la que no se hallarían si no hubiese aparecido el malhadado virus, y para ellas la situación actual ya no es coyuntural, como lo era en la primavera de 2020, sino estructural y por tanto tendrán que tomar las medidas necesarias para sobrevivir con independencia de la causa. Los jueces de los TSJ van a tener que hilar muy fino.
- Por otro, la mal llamada protección de empleo en aquellas empresas donde se ha implantado un ERTE.
Cuando se trata de supervivencia no pueden caber interpretaciones. Cuanto antes despejemos las incógnitas de la ecuación mejor para todos.
